Los pueblos indígenas de México eligieron a su candidata para las presidenciales de 2018

María de Jesús Patricio, una reconocida médico tradicional nahua, es candidata 2018 del EZLN

Indígenas del país eligieron en el día de ayer a María de Jesús Patricio Martínez como la vocera y candidata del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) para la Presidencia de República en 2018, tras 25 horas de discusión para elegir a su representante.

María de Jesús Patricio es una galardonada médico tradicional nahua, originaria de Tuxpan, Jalisco.

El cabildo del Ayuntamiento de Tuxpan la premió en mayo pasado por preservar la medicina tradicional y la herbolaria, así como por su vinculación con las comunidades indígenas del país. Patricio Martínez está adscrita a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

La mujer indígena fue nombrada como vocera del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) durante el Congreso Nacional Indígena (CNI) que se celebra en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci) y contará con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“NO ES UNA CAMPAÑA ELECTORAL”

En conferencia de prensa de la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena, Mario Luna, del pueblo yaqui, aclaró que “quien encabeza la campaña es el Concejo, pero por formalidades se registrará a la vocera Marichuy”.

“La diversidad del Concejo no es un obstáculo, sino su riqueza. No estamos en una campaña electoral, estamos en una campaña por la vida,” indicó Luna, uno de los representes del Consejo.

Por su parte, Fortino Domínguez, un concejal zoque indicó que lo que los distingue de los partidos políticos es que ellos “parten de una concepción individualista.”

“No vamos a hacer una campaña, sino vamos a aprovechar esto para organizarnos para desmontar el poder. Es un camino colectivo. […] No se confundan: no es una vulgar lucha por el poder, sino una lucha civilizadora”, añadió Fortino.

Para ellos, indicó Filo, “da lo mismo si son izquierda y derecha, porque el proyecto desde hace 500 años es el mismo”.

“No vamos por el voto, sino a articular las luchas, hacer intercambio de experiencia; vamos a reconstruir el tejido social”, intervino Mario Luna.

Otra miembro de Consejo que se identificó como Rocío Moreno, aseveró que “a importancia de que sea una mujer es denunciar el sistema capitalista y patriarcal que nos está matando”.

“La estrategia ya está funcionando. Aquí están 250 medios siguiendo con atención a nuestro Concejo. La propuesta es ésa,” agregó Moreno.

El día de ayer 58 pueblos indígenas de México arrancaron un congreso en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, para elegir su candidata a las elecciones Presidenciales del 2018, y de la cual esta noche se sabrá su nombre.

Durante el acto estuvo presente el subcomandante Galeano del EZLN, antes conocido como subcomandante Marcos, quién no pronunció palabra alguna.

¿QUIÉN ES MARÍA DE JESÚS PATRICIO?

De acuerdo con la Universidad de Guadalajara (UdeG), María de Jesús Patricio Martínez nació en la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco. Ella agrega: “…en tiempos en los que solo había luz y empedrado en el primer cuadro de su pueblo; las casas eran de adobe y teja, entonces se tenían que hacer largas filas para surtir el agua que manaba únicamente de tres llaves. En ese entonces, tenía que cargar el agua con dos botes colocados a los extremos de un palo fijado a mi espalda, y cuando era de noche y necesitaba hacer algún mandado, prendía un ocote para divisar el camino, si es que la luna no lo iluminaba”.

La universidad le dio el galardón Mérito Tuxpanense. Informó que el galardón “que se otorga a María de Jesús Patricio fomenta a los médicos indígenas para que continúen ejerciendo su conocimiento, para fortalecer la lengua y medicina tradicionales como instrumento en la defensa de la autonomía indígena”.

“Cuando observaba cómo las mujeres mayores, entre ellas mis tías y mi abuela, curaban a los enfermos de susto, espanto, aduendado, bilis, debilidad o canícula. Mi tía Catarina, por ejemplo, hacia las limpias con plantas y preparaba ungüentos que esparcía por todo el cuerpo de los enfermos”, cuenta la Historia de Vida de María de Jesús Patricio en la revista Tukari.

“Hoy Marichuy dirige la Casa de Salud Calli tecolhuacateca tochan, lugar para el ejercicio y desarrollo de la medicina indígena tradicional de la comunidad nahua de Tuxpan. La Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) desde hace 20 años apoya este proyecto, con el fin de atender a los enfermos con un esquema de salud comunitaria integral y que sirva como un espacio para la capacitación de promotores de salud indígenas de la región.

“La Casa de Salud nos ha llevado a la defensa de la medicina tradicional, los territorios indígenas y la madre tierra desde la perspectiva anticapitalista, de la lucha libertaria de los pueblos indígenas, circunstancia que nos ha hecho promotores activos del Congreso Nacional Indígena (CNI), de los foros y encuentros en defensa de la medicina tradicional y de la alianza estratégica entre el movimiento indígena civil y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”, dijo la médico tradicional nahua.

Sin Embargo

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“Conferencia de Prensa de la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México

Amnistía alerta por la situación de líder wichí en Formosa

Agustín Santillán (Amnistia)

ARGENTINA-

Amnistía Internacional  envió una carta al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, para transmitir su preocupación sobre la situación de Agustín Santillán, referente de la comunidad wichí en la Provincia de Formosa, detenido desde el 14 de abril.

Santillán está imputado en más de 20 causas penales,  muchas de las cuales están atravesadas por la reivindicación histórica del territorio ancestral.  Algunas de esas causas incluso han sido reactivadas a partir de su última detención.

En la visita al país del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que terminó ayer, el organismo exhortó a las autoridades argentinas “a que se abstengan de emplear una fuerza desproporcionada y reanuden el proceso de diálogo con las comunidades indígenas”.

“Una de las formas de persecución contra los pueblos originarios se da a través del uso de la persecución penal. La experiencia nos demuestra que el uso de causas por delitos como corte de ruta, resistencia a la autoridad, usurpación es utilizado como estrategia de intimidación y silenciamiento de defensores y defensoras que luchan por los derechos humanos. De este modo, el Estado corre el eje y en vez de atender las cuestiones de fondo, invierte recursos en perseguir a referentes indígenas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Actualmente, el dirigente wichí está preso por su presunta participación en una serie de incidentes de los que ni siquiera habría participado. Amnistía Internacional reclama al Estado de Formosa que respete las garantías judiciales y el debido proceso legal de Agustín Santillán.

Territorio Indígena: un mapa de los conflictos en Argentina
Amnistía Internacional ha hecho un relevamiento de la situación y conflictos que atraviesan los pueblos originarios en el país, del que Formosa es parte.  En la última década se aceleró el proceso de despojo territorial de las comunidades indígenas del norte de la provincia, dando lugar a focos de tensión por el reclamo del derecho al territorio, a la salud, a la educación, al trabajo, al acceso al agua potable, entre otros, que tienden en muchas ocasiones a canalizarse a través de la intervención de la justicia penal.

La organización documentó más de 250 conflictos que pueden consultarse en la web Territorio Indígena.

Milagro Sala, detenciones arbitrarias, y migrantes: ejes de la visita del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de ONU

Elina Steinerte y Sétondji Roland Adjovi, dos de los cinco expertos que integran el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. (LA Naciòn)

ARGENTINA-

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas, concluyó su visita a la Argentina y en un duro informe destacó los principales ejes de preocupación.

Milagro Sala
El GTDA afirmó que tal como lo había señalado en la Opinión 31/2016 del 27 de octubre de 2016, la detención de la dirigente social Milagro Sala es arbitraria. En pocos días, Sala cumplirá 500 días en esta situación mientras el Estado argentino sigue incumpliendo su obligación de liberarla.

La dirigente de la organización social Tupac Amaru fue detenida el 16 de enero de 2016 por haber participado de un acampe frente a la casa de gobierno de la provincia de Jujuy.

En octubre pasado, el Grupo estableció que desde diciembre de 2015 hubo un entramado de “acusaciones consecutivas” y un despliegue de causas judiciales destinados a sostener la privación de libertad de la dirigente social de manera indefinida en el tiempo.

La detención de Sala continúa siendo violatoria del principio de inocencia, del principio de legalidad, del derecho de defensa en juicio, de la cosa juzgada y de la prohibición a ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

En el informe presentando hoy el Grupo de Trabajo “solicita que el Gobierno implemente en su totalidad las Opiniones que el GTDA adoptó sobre la Argentina” y advirtió que “es responsabilidad del gobierno federal garantizar que se cumplan todas las obligaciones jurídicas internacionales en todos los niveles dentro de su jurisdicción. La estructura federal del país no debería obstaculizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina”.

Privación de la libertad, detenciones arbitrarias y pueblos originarios

Durante su visita, el Grupo recogió información sobre la situación de la privación de la libertad en el país e hizo hincapié en el uso excesivo de la prisión preventiva y el hecho de que “a menudo las comisarías se utilizan para alojar personas en prisión preventiva e incluso condenadas” también son materia de preocupación del Grupo.

Además, el GTDA llamó la atención sobre las amplias facultades de detención que tienen las fuerzas de seguridad. En tal sentido, el informe llama la atención sobre las detenciones en la vía pública por “averiguación de identidad”.

“El Grupo de Trabajo observó que la legislación actual no obliga a todos a portar un documento de identidad, lo que no se condice con las facultades de la policía para exigir que cualquier persona acredite su identidad. En este sentido, el Grupo de Trabajo reitera la inquietud por parte del Comité de Derechos Humanos respecto de esta práctica policial y la reglamentación que la permite. Es urgente que la Argentina tome todas las medidas necesarias, incluida la adopción de medidas legislativas para poner fin a la práctica de detención de personas cuando ello no se relaciona con un delito, de conformidad con el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, afirmó.

El informe del Grupo alerta sobre “la selectividad en la aplicación del sistema de justicia penal a personas de diferentes orígenes socioculturales. Aquellos de condición más humilde, al igual que quienes exhiben una situación de vulnerabilidad tales como los niños, incluyendo niños en situación de calle, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía en razón de la sospecha de haber cometido un delito o “demorados” para verificar su identidad”.

Protesta social

Por otra parte, el informe preliminar manifestó su preocupación sobre las detenciones en contextos de protestas sociales tras recordar que “los instrumentos internacionales sobre derechos humanos garantizan el derecho de reunión pacífica y que los Estados deben abstenerse de impedir o castigar toda manifestación pacífica. Las conductas punibles deben describirse con claridad a fin de preservar el principio de legalidad del derecho penal.

Asimismo subrayó que “las violaciones tales como los “cortes de ruta” y la “desobediencia y resistencia a la autoridad” revisten una inherente ambigüedad y ello permite un alto grado de discrecionalidad por parte de las fuerzas de seguridad sin que existan las suficientes salvaguardas para garantizar una protección contra detenciones arbitrarias”. Y observó que “en el caso de que se implemente el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, adoptado por el Ministerio de Seguridad en el año 2016, ello supondría un aumento del riesgo de que se produzcan detenciones arbitrarias a través de la ampliación de las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad”.  Por último, el Grupo hace especial énfasis en el trato a pueblos originarios y el excesivo uso de la fuerza, las vejaciones y los malos tratos sufridos por los miembros de los pueblos indígenas a manos de las fuerzas del orden y de empresas de seguridad privadas.

Migrantes

El Grupo de Trabajo se pronunció sobre el Decreto 70/2017 que reformó la Ley de Migraciones. “Estos cambios importantes en la detención de migrantes deberían haber sido objeto de un debate abierto y transparente con un amplio espectro de actores y tratado especialmente en el Congreso de la Nación.” De acuerdo al informe del Grupo, “el Decreto recientemente emitido autoriza la privación de la libertad al inicio del Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo, eliminando el principio de excepcionalidad, y permitiendo la detención previa a la orden de expulsión. Se ha eliminado efectivamente el requisito de justificar la necesidad y proporcionalidad de la detención ante una autoridad judicial, y el período permitido de detención se ha aumentado a 60 días, con la posibilidad de una extensión indefinida por el tiempo que dure el proceso. Más aún, existen restricciones de acceso a asistencia jurídica gratuita y se han reducido significativamente los plazos para presentar una apelación”.

Salud Mental

Entre los grupos especialmente vulnerados por las detenciones arbitrarias, el Grupo de Trabajo llamó la atención sobre “numerosos casos alarmantes de detención de personas por su discapacidad psicosocial. El Grupo de Trabajo se reunió con “pacientes sociales” que no cuentan con los recursos ni con las redes sociales como para poder vivir en la comunidad y, por ende, se encuentran confinadas a este tipo de instituciones. A menudo los “pacientes sociales” se encuentran institucionalizados durante años e inclusive décadas sin perspectivas reales de liberación”.