COVID-19 y la vida cotidiana

Investigadores del CONICET realizaron un estudio sobre las primeras semanas de cuarentena. El informe Tiara describe el impacto en los cambios de conducta y en la salud mental durante la primera etapa del aislamiento.

Fuente: https://www.conicet.gov.ar/

El teletrabajo, los niños estudiando en casa y las reuniones virtuales forman parte de la nueva realidad de los argentinos. El avance del COVID-19 y las medidas implementadas para hacerle frente a la pandemia alteraron el desarrollo de la cotidianeidad y los vínculos laborales y familiares. ¿Cuál es la percepción de la población sobre esta nueva normalidad? ¿Qué efectos psicosociales podrían generarse como consecuencia de la pandemia y la vida en cuarentena? Estos fueron los interrogantes planteados por los científicos del CONICET que desarrollaron el estudio Tiara, una investigación que recibe su nombre como un juego de palabras en referencia al coronavirus.

“Nos propusimos sacar una foto de lo que nos estaba pasando como sociedad. La salud mental es un tema clave en el manejo de la epidemia porque refleja el costo de lo que estamos viviendo como individuos y cómo esto se complementa con la prevención y adherencia al aislamiento”, afirma Silvina Arrossi, investigadora independiente del CONICET en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y una de las líderes de la investigación.

Los científicos confeccionaron una encuesta que se difundió de forma online entre el 30 de marzo y el 12 de abril, es decir durante los primeros días de aislamiento. La investigación, que ya fue elevada a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, fue respondida en forma anónima por 30269 personas de las 24 jurisdicciones. 24.595 fueron mujeres, 5.098 varones y 254 personas de identidades no binarias.

El dato que los investigadores consideran más significativo fue que durante las dos primeras semanas de aislamiento el 55 por ciento de la población encuestada reportaba una reducción de ingresos en su hogar. La información recabada muestra la desigualdad del impacto económico sobre los diferentes grupos sociales: el 78 por ciento de quienes cuentan solo con cobertura pública de salud sufrió durante aquellos días una reducción de ingresos, frente al 52 por ciento de los entrevistados que tienen obra social o prepaga. Las mujeres encabezan la segmentación por género con el 55 por ciento, los varones vieron reducidos sus ingresos en un 54 por ciento y la población de identidades no binarias en un 52 por ciento. Asimismo, la encuesta mostró que en relación al ingreso, los jóvenes fueron los más afectados en la estratificación por edad: El 58 por ciento de la población que tiene entre 18 y 29 años manifestó una disminución en sus ingresos en los primeros días de la cuarentena. Las personas con 60 años o más, reportaron una baja en sus ingresos en un 49 por ciento de los casos, mientras que quienes se ubican en el segmento etario que va de los 30 a los 59 años lo hizo en un 54 por ciento.

La investigadora adjunta del CONICET y directora del CEDES, Mariana Romero, explica que las respuestas obtenidas revelaron que el aislamiento tiene consecuencias que van más allá de la permanencia en los hogares. El informe Tiara evidencia “las dificultades o temores a cómo impacta en términos económicos el sostenimiento de los diversos grupos sociales”.

Las preocupaciones de la población en las primeras semanas de cuarentena

En tanto el aburrimiento no representa una preocupación importante para la población sondeada, las inquietudes de índole económico afectan a la mayoría: el 64 por ciento de los encuestados reconoció sentirse afectado por la posibilidad de no poder trabajar y no disponer de sustento. La imposibilidad de pagar el alquiler y los servicios en un futuro cercano preocupa al 60 por ciento de los encuestados.

De la información obtenida en la encuesta se desprende que las mujeres muestran mayor grado de preocupación que los hombres para todas las categorías sondeadas por el estudio, excepto en lo referido a la educación de los hijos donde las inquietudes son similares. Entre la población joven, el 71 por ciento señala estar preocupado por no poder trabajar y en consecuencia, perder el sustento económico y el 66 por ciento reconoció preocupación por verse imposibilitado de pagar el alquiler y los servicios.

Dentro de la población socialmente vulnerable, identificada como aquella que solo dispone de cobertura pública de salud, el 86 por ciento declara preocupación por no poder trabajar y no disponer de sustento económico. La incapacidad de pagar el alquiler y los servicios fue considerado por el 81 por ciento de los encuestados de este grupo, mientras que el 79 por ciento manifestó estar preocupado por no disponer de los medios económicos para comprar alimentos. Tras el análisis de los resultados Arrossi reflexiona: “El impacto en las condiciones de trabajo se constituye como el telón de fondo estructural sobre el cual se sobreimprimen los efectos relativos a la salud mental”.

Otro de los puntos valorados por el estudio fue la preocupación de los entrevistados por la violencia domestica. Las mujeres, los jóvenes y las personas con vulnerabilidad social demuestran mayores inquietudes: entre las personas de 18 a 29 años, el 19 por ciento se encuentra bastante o muy preocupado, comparado con el 8 por ciento de los encuestados con edades que rondan entre los 30 y los 59 años. Sólo el 10 por ciento de la población con 60 años o más, mostró preocupación por el tema. El 22 por ciento de la población con cobertura pública de salud exclusiva declaró preocupación por la violencia domestica, frente al 11 por ciento de quienes cuentan con obra social o prepaga.

Entre las principales inquietudes que afectan a la población encuestada el 93 por ciento señaló la posibilidad de contagio en algún miembro de su familia, mientras que el 87 por ciento esbozó inquietudes por sufrir algún problema de salud propio o en el núcleo familiar y no recibir la atención adecuada. Una mención especial la merecen las personas con enfermedades crónicas, quienes en numerosos casos han interrumpido sus tratamientos, estudios o análisis. “Este punto deberá ser tomado en consideración por los hacedores de políticas públicas frente a la continuidad del aislamiento”, señala Romero.

Malestar psicosocial

Con el objetivo de medir el nivel del malestar psicológico en la población sondeada, los investigadores utilizaron la escala K10, una herramienta validada en Argentina que se basa en preguntas sobre síntomas de depresión y ansiedad. El instrumento de medición reveló que el 48 por ciento de la población refleja un score compatible con malestar psicológico. El 28 por ciento del total alcanzó un score en la escala K10 de malestar psicológico moderado o severo.

Si bien el nivel de malestar psicológico en la población es alto, la diferencia por grupos es aún más determinante: el 52 por ciento de las mujeres se encuentran afectadas, mientras que solo el 29 por ciento de los hombres mostraron indicadores de malestar psicológico. En tanto, el 59 por ciento de la población con vulnerabilidad social se encuentra afectado, el 47 por ciento de quienes cuentan con obra social o prepaga reflejó malestar psicológico. E  l 62 por ciento de los jóvenes proporcionan respuestas compatibles con malestar psicológico, mientras que el 43 por ciento de las personas con 30 a 59 años se encuentran afectados. El 26 por ciento de los casos con 60 años o más manifestó malestar psicológico en sus respuestas.

Los investigadores afirman que establecer las causas del malestar psicológico por el momento es complejo. Sin embargo, la evidencia demuestra un impacto diferencial en las mujeres, es decir que se podría pensar que “la epidemia y el impacto psicosocial atraviesa desigualdades de género preexistentes, que probablemente se potencien en esta situación”, señala Arrossi. Y agrega: “De igual manera es posible pensar que la caracterización laboral más precaria ligada a los jóvenes puede influir en el malestar psicológico de esa población”.

Los aspectos positivos

Pese al alto impacto psicosocial registrado en las respuestas, el estudio también recogió datos positivos. El 81 por ciento de los casos valora el aislamiento como una contribución para detener el coronavirus y el 73 por ciento de la población considera el aislamiento como una medida en la que el país, en su conjunto, contribuye a detener el avance de la pandemia. “Lo interesante de esta encuesta es la sensación colectiva. Es un elemento central que hace que la gente le siga dando legitimidad a la medida, a pesar del gran impacto a nivel de ingresos, de las condiciones de trabajo y de la salud mental”, sostiene Silvina Arrossi.

Por su parte, Romero advierte: “Es interesante resaltar la respuesta respecto de los principales cambios de conducta. Que haya habido cambios en las dos primeras semanas confirma que los mensajes han llegado claros y en términos de salud pública este punto es clave”.  De hecho el estudio confirma que durante las primeras semanas de aislamiento el 95 por ciento de la población aumentó la frecuencia del lavado de manos, el 91 por ciento evita saludar con un beso y el 86 por ciento se cubre con el codo cuando estornuda o tose. Además, el 62 por ciento de los encuestados afirma haber dejado de compartir el mate.

El futuro de la investigación

Con el objetivo de analizar el malestar psicosocial de la población en los posibles nuevos escenarios, la proyección del estudio es realizar un nuevo relevamiento a 6 meses de iniciada la primera etapa de cuarentena. La nueva medición posibilitará la comparación entre lo que serán, probablemente, diferentes fases del aislamiento social preventivo y obligatorio “e incluso la información permitirá hacer políticas públicas focalizadas” precisa Melisa Paolino, investigadora asistente del CONICET en el CEDES.

Paolino piensa que una investigación de estas características, en tiempos de pandemia, revaloriza su práctica como investigadores: “Aportar evidencia científica, de calidad para el desarrollo de políticas públicas es el rol que tenemos que cumplir”.


“Hay evidencia que habla de que esto no se termina acá, el malestar puede traer consecuencias a largo, mediano y corto plazo, por eso es importante brindarle información y herramientas a la población. Habrá consecuencias en la subjetividad de la población, nadie será el mismo”, concluye Paolino.

Un racismo estructural, muchas veces invisibilizado

La situación en la Argentina, analizada tras el caso de George Floyd en EE.UU

Mientras el crimen en Minneapolis despierta la indignación mundial, referentes de comunidades afro, indígenas y migrantes advierten sobre el racismo cotidiano e institucional en el país.

Por Lorena Bermejo

Fuente: Página 12

El asesinato de George Floyd en manos de un grupo de efectivos policiales de los Estados Unidos desencadenó cientos de manifestaciones en el mundo en reclamo por el racismo y el accionar brutal de la policía. Los carteles con la inscripción “Black Lives Matters” y la frase “I can’t breathe”, la última que pronunció Floyd, se multiplicaron en el universo global de las redes sociales. La Argentina no quedó fuera de los repudios. Pero aquí, también, referentes de las comunidades afro, los pueblos indígenas y los migrantes advierten que el racismo no solo es una cuestión de los Estados Unidos. Hay un “racismo estructural” en el país que está naturalizado y que justifica la violencia en forma cotidiana, señalan. La persecución policial a los senegaleses en la ciudad de Buenos Aires es una de sus expresiones más cercanas y visibles. El crimen del joven mapuche Rafael Nahuel es otro ejemplo extremo. El reciente episodio de brutalidad policial en el Chaco o la muerte de Luis Espinoza en Tucumán son otros ejemplos. Además de la indignación hacia afuera, esas comunidades y colectivos llaman a reflexionar “hacia adentro” y pensar cómo transformar el racismo que opera en la sociedad argentina.

Según la última investigación que realizó el tema el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el 60% de las personas encuestadas opinó que en el país existe discriminación contra las personas afrodescendientes y contra los pueblos indígenas. Sin embargo, de las personas que manifestaron haber experimentado alguna situación de discriminación, solo el 35% afirmó que se trató de un hecho racista. “Desde la burla y la invisibilización, hasta la represión policial, el racismo adopta distintas formas en la Argentina, donde lo bárbaro y lo marginal siempre es lo negro y lo indígena”, señaló en diálogo con PáginaI12 Carlos Nazareno Alvarez, director nacional de Pluralismo e Interculturalidad de la Secretaría de Derechos Humanos y referente de la Agrupación Xangó.

Anny Ocoró Loango, investigadora en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoaméricana de Ciencias Sociales (Flacso), afirma en el libro “Afrodescendencias y contrahegemonías”, que “el racismo no reconoce la igualdad de un otro, lo subalterniza y subalterniza sus conocimientos, sus tradiciones y su cultura”. Las caras pintadas con corcho quemado en los actos patrios de las escuelas, los términos cómo “quilombo” o “mambo” utilizados de forma peyorativa, son algunos de los racismos simbólicos, cotidianos. “Pero también existen las acciones más explícitas, como la violencia que sufren los compañeros senegaleses cuando la Policía los detiene y les quita sin razón la mercadería, y la forma en que la sociedad avala estos hechos”, explicó Alvarez. Una imagen de 2019 muestra cómo dos policías empujan contra el suelo a un hombre senegalés mientras una mancha de sangre se expande a su alrededor. Otra, un video registra cómo dos efectivos de la Policía de la Ciudad le quitan violentamente la mercadería a un vendedor afrodescendiente de la vía pública. ¿Por qué estas imágenes no generan la misma indignación que el video del policía estadounidense dejando sin aire a George Floyd?

“El racismo que sufrimos es estructural, un racismo que está enquistado dentro de todas las instituciones”, afirma Sandra Chagas, integrante del Movimiento Afrocultural, activista lésbica y parte del Grupo Matambas, de mujeres negras y afrodescendientes. En 2014, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estableció el “decenio para los afrodescendientes”, que se prolonga hasta 2024. Pero a pesar de los nombramientos, la violencia sigue reproduciéndose en todo el continente. “Debería ser una época de reconocimiento de nuestros derechos humanos, sin embargo las cárceles están habitadas en su mayoría por personas indígenas o afrodescendientes”, señaló Chagas, a partir de su experiencia al trabajar en distintos penales con personas trans. “La política de criminalización de nuestra existencia es una de las formas de racismo que sufrimos”, agrega Moira Millán, escritora y referente mapuche.

La represión de las fuerzas de seguridad hacia los pueblos indígenas y la venta de terrenos donde viven familias o comunidades enteras no son historias de fines del siglo XIX sino parte de la cotidianidad de los pueblos en todo el país. “El racismo es la expresión simbólica del genocidio, lo que habilita que la violencia se siga permitiendo”, afirma Diana Lenton, antropóloga, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora en Conicet, y agrega que “lo que hay que cambiar para combatir el racismo es lo que tenemos en nuestro pensamiento”. El entramado simbólico del racismo no es asunto menor: según señala Yuderkys Espinosa, investigadora y filósofa afrodominicana, en su artículo “El feminismo descolonial como epistemología contra-hegemónica”, la forma de desandar el racismo establecido con la colonización de todo el territorio americano es “producir y visibilizar de forma amplia nuestra propia interpretación del mundo, como tarea prioritaria para los procesos de descolonización”.

“El problema es que los mismos vecinos que hoy aplauden la rebelión en Estados Unidos, ayer felicitaban al gobierno porteño por liberar las veredas del Once”, señala Lenton, en referencia al desalojo de los trabajadores –en su mayoría migrantes latinoamericanes y africanes– de la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires, y explicó “hay un racismo mucho más profundo de lo que se cree, que se manifiesta en distintos niveles, desde la violencia física hasta las barreras para acceder a la salud, a la educación, y la forma de invisibilizar a ciertos grupos sociales en los discursos públicos”. Más concretamente, Álvarez sostiene que “somos pobres porque somos negros, porque el país se construyó a partir de esa base racista”.

Acá tampoco se puede respirar

El caso de George Floyd no fue muy distinto al de José Delfín Acosta Martínez, detenido por la Policía en 1996 y muerto bajo custodia policial, ni al de Massar Ba, uno de los principales referentes de la comunidad senegalesa, históricamente perseguida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que fue asesinado en 2016 a metros de su casa en San Telmo. En marzo de este año, el caso de Acosta Martínez llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante las audiencias que se llevaron a cabo en Costa Rica, y el Estado argentino admitió la culpabilidad. En julio o agosto se espera una sentencia sobre el caso. “Es importante que el Estado reconozca los casos de violencia institucional”, señala Carlos Álvarez, y explica: “No solo para reflexionar en nuestras prácticas racistas sino para que efectivamente se pueda modificar la situación, la negación de la presencia negra en el país”.

Para Massar Ba, quien luchaba por los derechos de los y las migrantes africanos en la Ciudad de Buenos Aires, todavía no hay justicia. Mientras tanto, cientos de trabajadores de la vía pública en el barrio de Once y en Floresta se enfrentan a las represalias de la Policía de la Ciudad. “Los mismos agentes estatales saben en qué casos pueden actuar violentamente sin recibir represalias, porque el mismo Estado toleró abusos contra ciertas poblaciones que no tolera en otras”, explica la antropóloga Diana Lenton.

Recién en 2010 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) incluyó en el censo nacional la pregunta: “¿Usted o alguna persona de este hogar es afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano (padre, madre, abuelos/as, bisabuelos)?”. Como afirma Ocoró Loango, la Nación “encaminada hacia el progreso y el desarrollo, surgía enfatizando la temprana desaparición de la población negra (sumado al aniquilamiento de indígenas) para sellar los cimientos de la hegemónica blanquedad argentina”.

“La negritud se penaliza también en los barrios, en las villas, donde de vive una doble discriminación, por ser pobre y por ser afrodescendiente”, señala Álvarez, y remarca que “se trata de un racismo estructural que se gestó en la esclavitud y luego en el colonialismo, siempre la población negra encargada de los peores trabajos”. Para que realmente las vidas negras importen, afirma Álvarez, “tenemos que salir de los lugares comunes, el culturalismo, la migración, la criminalización, para hablar de economía, de derecho, de política. Si nuestras voces no suenan donde se construye el poder, no estamos combatiendo el racismo”.

Las vidas indígenas importan

A una semana del asesinado de Floyd en Estados Unidos, un grupo de policías de la provincia de Chaco entró ilegalmente en la casa de la familia qom Saravia-Fernández y secuestró, torturó y cometió abusos. A fines de abril, en la localidad de Bariloche, allí donde en 2017 la Policía asesinó brutalmente a Rafael Nahuel, una patota agredió a integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo, que ocupa un terreno históricamente perteneciente a la familia, junto al Cerro Ventana. La comunidad venía realizando denuncias desde septiembre del 2019 por las situaciones de violencia y las amenazas que recibían por parte de quienes se adjudican la propiedad. En el norte, este verano murieron por desnutrición y deshidratación más de 10 chicos y chicas de la comunidad wichí en Salta, otro de los casos en donde tuvo que intervenir la CIDH. Como la provincia no cuenta con datos, los chicos y chicas pueden ser 13 o 20, no hay un número exacto. “Estos crímenes de odio se alimentan de la impunidad del Estado”, advierte Moira Millán y explica que las instituciones estatales “necesitan la reproducción del racismo en el imaginario social para justificar su genocidio”.

En su barbijo, Millán lleva inscripto: “las vidas indígenas importan”. Para hablar por teléfono o mandar un mensaje, ella tiene que caminar hasta el pueblo más cercano, porque en la comunidad Pillán Mahuiza, en Chubut, no hay señal ni Internet. “Mi propia situación de incomunicación es un ejemplo de negacionismo y silenciamiento. Hace años que pedimos que nos habiliten los servicios de comunicación pero hay una intencionalidad de que nuestras voces no lleguen”, señala Millán, escritora y referente del pueblo mapuche.

“¿Por qué no se indignó el mundo ante el asesinato de Rafael Nahuel?”, se pregunta Millán, y advierte que “cuando se mata, se persigue, se tortura y se detiene de manera arbitraria a los y las indígenas, la sociedad argentina es indolente porque ha asumido que hay una vida que vale menos y es la nuestra”. En ese sentido, la investigadora Diana Lenton afirma que “hay estructuras muy densas que hacen que las poblaciones indígenas siempre estén en el banquillo de acusados”. Lenton participó del juicio contra la comunidad mapuche Lof Campo Maripe, en Neuquén, a quienes se acusó en 2014 de usurpar el terreno donde viven. El año pasado, la Justicia provincial reconoció el derecho mapuche sobre las tierras. “A pesar de los pocos recursos con los que suelen contar las comunidades en este tipo de juicios, lo que veo es que se intenta dar la lucha política, decir ‘estamos acá porque es nuestro derecho ancestral’ pero los jueces, aunque se falle a favor, no dan lugar a estos argumentos”, explica Lenton y afirma: “Es parte del éxito del pensamiento hegemónico: los grandes poseedores de poder condensan el racismo, el machismo y el capitalismo y es ahí donde no hay quiebres”.

“Yo escribí una novela y me cuesta un montón que llegue a las librerías, tengo hermanes que quieren hacer cine y no pueden porque estamos siempre en la marginalidad, y la marginalidad es un diseño de modelo de país”, afirma Millán, a quien la Justicia procesó por encabezar un reclamo en 2017, cuando Santiago Maldonado aún estaba desaparecido. “Somos un factor de conflicto emergente frente a las corporaciones y sus intereses, sin embargo, cuando se trata del despojo territorial, el empobrecimiento y el terricidio contra nuestros pueblos, somos algo que hay que quitarse de encima”, señala la weychafe –guerrera– mapuche, y afirma que “al negar nuestra existencia, se niegan nuestros derechos y nuestra manera de habitar el mundo, que es antagónica a la que impone el sistema capitalista”.

La discriminación porteña

¿Quiénes construyeron esta ciudad a costa de trabajo esclavo, violaciones y maltratos? Nosotros, les afrodescendientes”, afirma Sandra Chagas, del Movimiento Afrocultural. En las observaciones que el Comité para la eliminación de la discriminación racial, órgano que depende de la ONU, le dedicó en 2016 al Estado argentino, se mostró “preocupado por la discriminación estructural de la cual continúan siendo víctimas los pueblos indígenas y los afrodescendientes, así como la invisibilidad a la que se enfrentan estos últimos respecto a sus derechos”. Al año siguiente, el Gobierno de la Ciudad clausuraba el espacio donde se reunía el Movimiento Afrocultural, en San Telmo. “No veo racismo más explícito que el hecho de que las mismas personas que levantan el cartel de la interculturalidad nos dejen sin nuestro lugar de expresión y trabajo”, advierte Chagas.

El espacio donde el Movimiento Afrocultural desarrollaba sus actividades había sido otorgado por el mismo gobierno porteño, en el marco del Programa Afrocultural, luego del amparo que en 2009 la agrupación presentó contra las autoridades de la Ciudad, quienes habían ordenado el desalojo del lugar donde históricamente había funcionado el espacio cultural. En 2017, el mismo Gobierno de la Ciudad clausuró el nuevo espacio, y desde entonces la agrupación no tuvo una respuesta. “Siempre tenemos que ajustarno a esa idea de los demás sobre cómo deberían ser las cosas”, señala Chagas, y agrega que “no alcanza con que dos o tres nombres sean visibles, necesitamos un cambio en serio, que dejemos de ser estudiados como fenómenos, que se hable del genocidio negro en las Universidades, y que si dicen fomentar la cultura afro, que nos dejen ejercerla a quienes somos en carne propia esa cultura”.

Uruguaya afrodescendiente, Chagas llegó a la Argentina a los 14 años. “El racismo es algo que heredamos desde antes de nacer”, señala. “Hay personas que están reconociendo su identidad con orgullo y eso es importantísimo, porque si sabés de dónde venís también sabés a dónde vas”, agrega Chagas y explica que, aunque el “negacionismo histórico” es irreparable, “el país está transitando un proceso lento y complejo, que requiere de una gran voluntad política, como lo estamos haciendo desde la educación y cultura en derechos humanos, valores y saberes”. La Ley 26.852, que establece el Día Nacional de los y las Afroargentinos/as es una herramienta para “devolver la identidad robada”, afirma Chagas y añade: “Me pregunto entonces si vamos a seguir mirando hacia Estados Unidos o vamos a mirar finalmente hacia adentro”.

redlining

TRAMA URBANA Fernando Bercovich Vivienda, movilidad y espacio público: datos, ideas e información para pensar nuestra vida en la ciudades.

El asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis encendió -literalmente- el enojo de millones de personas en Estados Unidos, que se volcaron en masa a las calles. Las protestas derivaron en represión y saqueos y, finalmente, Donald Trump decidió decretar toque de queda en varias ciudades y militarizar las calles. 

El racismo en los Estados Unidos, y posiblemente en todo el mundo, tiene una historia que está muy ligada a la manera en que habitamos las ciudades. Así como la policía es más violenta con determinados grupos que con otros, la ciudad también se percibe más accesible para una familia blanca que para una negra. 

La historia del racismo en Estados Unidos -y me arriesgaría a decir que también en el resto del mundo- es en gran medida una historia sobre el derecho a la ciudad. 

Tan es así que uno de los hitos en torno a la lucha de la población negra en ese país sucedió en un colectivo cuando Rosa Parks, una mujer negra y activista por los derechos civiles, se negó a cederle el asiento a un hombre blanco. Corría el año 1955 en la ciudad de Montgomery, Alabama. 

En ese momento, una línea separaba los asientos de adelante de los de atrás, donde tenían que ubicarse las personas negras. Este tipo de prácticas explícitas de segregación estaban volcadas en leyes estatales conocidas como las “leyes de Jim Crow”, que tuvieron vigencia desde el final de la guerra de secesión hasta 1964. 

Jim Crow no era un legislador ni nada parecido. Era un personaje negro interpretado por un actor blanco que se pintaba la cara y caricaturizaba a un afroestadounidense con una discapacidad física, cantando y bailando de maneras exóticas. El número se popularizó tanto durante el siglo XIX que con el tiempo “Jim Crow” pasó a ser una forma peyorativa de llamar a una persona negra. 

Al principio de This is America, la postura de Childish Gambino al disparar un arma es justamente una referencia al dibujo más conocido de Jim Crow.

La palabra clave

Me fui por las ramas. Volamos a la palabra clave: segregación. Existen de muchos tipos pero la segregación racial es una de las más estudiadas por urbanistas norteamericanos. Gonzalo, un lector de #TramaUrbana, me respondió el correo de la semana pasada recomendándome este video en el que Adam Conover relata de manera humorística la política del redlining que tuvo -y tiene- lugar en Estados Unidos. 

El concepto de redlining fue acuñado en los años 60 por el sociólogo John McKnight y se refiere a prácticas discriminatorias a la hora de prestar servicios en determinados territorios por su composición sociodemográfica. Entrada la década del 30 en Estados Unidos, el plan de reactivación económica conocido como New Deal tuvo como uno de sus objetivos el otorgamiento de créditos hipotecarios a las familias, lo que dio lugar al desarrollo de lo que hoy son los suburbios de muchas grandes ciudades como Nueva York o San Francisco. 

Pero no todas las familias estaban incluidas en el plan. Tanto los bancos como los organismos públicos calificaban barrios como tipo A, B, C, o D para determinar de qué manera iban a prestar plata. Los barrios A eran de bajo riesgo y los barrios D de muy alto riesgo, por lo cual si vivías en A probablemente podías conseguir un préstamo alto y con una tasa baja, mientras que si vivías en D te prestaban muy poco y a tasas altas.

Hasta acá nada fuera de lo normal para una economía capitalista moderna, ponele. El tema es que la calificación de los barrios se basaba en gran medida en variables como la composición racial y de clase. Como explica Conover en el video, la posibilidad de cambiar de barrio para conseguir un mejor préstamo estaba también restringida por otras políticas locales que explícitamente excluían a personas no blancas de los nuevos suburbios.

Incluso después de que esas exclusiones dejaran de existir -aunque las políticas de redlining perduran hasta hoy en día- sus consecuencias se sienten hasta la actualidad. La riqueza de las familias blancas que vivían en barrios A se acumulaba al mismo ritmo que las familias negras de los barrios D acumulaban deudas y pobreza. 

Podríamos decir que el redlining es el origen de una brecha de riqueza patrimonial de alrededor de diez veces entre una familia típica blanca (170.000 dólares) y una negra o latina (17.000 dólares). Una herencia, además, difícil de romper porque la educación pública en Estados Unidos está financiada a nivel local por impuestos a la propiedad, lo que hace que las escuelas también estén altamente segregadas y aquellas situadas en barrios con predominancia de población afroestadounidense o latina, cuenten con menos recursos.  

Pero el castigo a los barrios no blancos no termina ahí. Para que las familias que habían construido o comprado sus casas en los suburbios pudieran llegar en auto -otra de las industrias motorizadas por el New Deal- a sus casas con jardín, se construyeron infinidad de puentes y autopistas que atravesaron los barrios más pobres.

Me enteré por Federico Poore: esta semana se dieron protestas masivas en la autopista I-10 de Nueva Orleans, que justamente atraviesa un barrio residencial con predominancia de familias negras. Esta autopista está primera en el ranking de “autopistas sin futuro” de la organización no gubernamental CNU (Congress For a New Urbanism). Y la verdad que tiene el puesto bien ganado:

This is Argentina

¿Te suena? Sí, es muy parecido a lo que pasó acá en nomás con, por ejemplo, el Acceso Sudeste que separa Villa Azul y Villa Itatí en Quilmes, sobre lo que te escribí la semana pasada. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires también pasa algo similar con las diferentes autopistas que operan como fronteras entre barrios, con un correlato nítido en el precios de sus inmuebles. 

Sin embargo, el ejemplo más conocido dentro del territorio porteño es la construcción de la Autopista Illia sobre la Villa 31, que fue diseñada por el intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore pero inaugurada por Jorge Domínguez en 1996 no sin antes barrer con los hogares que se cruzaban en sus planes, lo que le valió al intendente el sobrenombre de “topadora”. 

Si bien la idea de suburbs en el Argentina y en América Latina no se difundió tanto, la proliferación de barrios cerrados desde los años 70 también dio lugar a una segregación desde arriba que definió la segregación de los y las de abajo. 

Al tiempo que estos barrios ocasionaron inundaciones -como en los alrededores de Nordelta- y otros efectos nocivos en barrios populares, autopistas y rutas nuevas irrumpieron en barrios consolidados de sectores de ingresos medios y bajos configurando barreras sociales de hormigón y asfalto, acentuando aún más la desigualdad urbana. No es casualidad que el partido de Pilar sea, al mismo tiempo, el distrito más desigual del país y el que tiene más barrios cerrados. 

La violencia policial y el territorio

La violencia policial de la cual fue víctima George Floyd el 25 de mayo, y que sufre la población afroestadounidense en general, también parece ser diferente según en qué tipo de territorio operen las fuerzas de seguridad. Y también tiene que ver con los suburbios. 

Al respecto, me gustó esta nota de FiveThirtyEight (que te recomiendo que sigas especialmente si te interesa la política yanqui) que sostiene que la policía está matando más gente en las áreas periféricas y rurales y menos en las grandes ciudades. Le sumamos otra razón a mi cruzada a favor de las ciudades densas.

No se trata tanto de números como de tendencias. Según diversas fuentes que recopila el autor del artículo -porque no hay fuentes oficiales a nivel nacional- mientras que entre 2013 y 2019 los asesinatos a manos de la policía bajaron un 30% en ciudades grandes, en el mismo período aumentó en áreas rurales y suburbanas. La causa aparente es que mientras en las grandes ciudades se implementaron reformas respecto de cómo las fuerzas de seguridad deben ejercer la violencia en caso de ser necesaria, estas políticas fueron implementadas en menor medida en zonas menos densas.

En Argentina esta semana tuvimos un ejemplo claro de que no hace falta irse a Minneapolis para ver el solapamiento entre violencia policial y discriminación racial o étnica. Al grito de “indios infectados” un grupo de policías entró a una casa en la localidad de Fontana, en Chaco, y golpearon a todos sus habitantes. Luego secuestraron a dos varones y dos mujeres menores de edad, de quienes abusaron en la comisaría. Los policías involucrados fueron apartados de la fuerza y están siendo investigados.

Los datos de cómo opera la violencia policial en nuestro territorio nacional tampoco abundan en las fuentes oficiales. Sin embargo, según la CORREPI, la cantidad de muertes en manos de las fuerzas de seguridad en relación a la cantidad de habitantes es encabezada por la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Pero los tres distritos que le siguen no son precisamente las provincias más densamente pobladas: Catamarca, Chaco y Chubut.