"La del femicidio es una lucha cultural"

Tras aprobarse la incorporación de esa figura al Código Penal, la senadora considera que "los jueces deberán verlo como un crimen diferenciado", por el componente de odio de género. Lo próximo será quitar la patria potestad a los femicidas.

  

    

Por: 
Lucía Alvarez

El Senado aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley que modifica la propuesta con media sanción de Diputados e incorpora el femicidio en el Código Penal, a través de la redacción de un nuevo artículo, el 80 bis, que determina la pena máxima "al hombre que matare a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino y mediare violencia de género". Además, modifica tres agravantes del artículo 80, instaurando prisión perpetua para quien cometiese un homicidio "por odio a la orientación sexual, a la identidad de género o su expresión" o a su "ex cónyuge, conviviente o ex conviviente"; y a quien cometiese un femicidio vinculado. En diálogo con Tiempo Argentino, la presidenta de la comisión de la Banca de la Mujer, la senadora Marina Riofrío, explicó los alcances del proyecto y auguró un buen resultado en la Cámara Baja, donde los legisladores deberán apoyar o rechazar esta modificación.

–¿Cuál es la evaluación que hace del debate por el femicidio?
–Quedó en evidencia que se está emprendiendo una lucha cultural contra este crimen de poder. Probablemente no sea una medida preventiva; lamentablemente, no lo es. Pero empieza a quedar claro que estos delitos tienen características diferenciales. Se vinculan a un bagaje cultural que presupone la preponderancia del hombre. El gran desafío es armar otro mensaje como sociedad.
–¿Qué mensaje?
–Uno crítico de esa cultura judeocristiana que sostiene la autoridad del hombre. Hoy, cuando la mujer rompe las expectativas del hombre y ese hombre no tiene controles, se provocan estas tragedias. Hay que representar la relación entre los géneros con una mirada diferente. Los roles no tienen que ser obligatorios, mucho menos jerárquicos.
–En ambas cámaras, el tema consiguió unanimidad. ¿Esto representa un consenso de la sociedad?
–Son avances. Algunos están convencidos de la importancia de esta problemática y de la necesidad de trabajarla. Otros, la minoría, no se animan a decir lo contrario por el rechazo social.
–¿Y cómo se explica el aumento de las tasas de femicidios?
–Las mujeres están tomando conciencia de sus derechos y se animan a denunciar. Tienen más acompañamiento de la sociedad y el Estado. Sin embargo, el hombre no se empapa de la temática y está quedando atrás. La revolución de las mujeres ha sido enorme, pero el hombre no se prepara para esta nueva forma de vincularse. Hay que trabajar en desarrollar una mirada desde la masculinidad.
–¿Por qué es importante una figura penal autónoma?
–Porque no se permite aplicar atenuantes como el de la emoción violenta. La vida no puede ceder ante el honor. Los jueces deberán verlo como un crimen diferenciado porque el femicidio tiene un componente de odio de género que es perfectamente detectable. Además incorporamos a las personas trans, que son un objeto permanente de violencia.
–Esta modificación es parte de una reforma más amplia. ¿Cuáles son los próximos pasos?
–Fundamentalmente, la quita de la patria potestad a los femicidas. Pero vendrá una catarata legislativa. Estamos frente a una gran oportunidad.  «

Freno a la impunidad

 En abril de este año, la Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad a un proyecto que aumentaba las penas y corregía los agravantes del artículo 80 sobre homicidios, pero no creaba una figura autónoma. 
 Por las modificaciones realizadas en el Senado, debe volver a la Cámara Baja donde, se espera, sea aprobado antes de fin de año. Una de las garantías es que la propuesta cuenta con el visto bueno del Poder Ejecutivo.
 El texto no habla de "femicidios" de manera explícita, pero responde a las demandas históricas de un conjunto de organizaciones de mujeres, que exigían un freno a la impunidad y formar a los funcionarios judiciales.
 Sus detractores cuestionan que el país no tiene un problema de redacción de normas sino de aplicación e implementación de políticas públicas concretas para la prevención y la atención adecuada de las víctimas.